Desprecio a la legalidad
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Muchas instituciones, por capricho de los que mandan, han de pagar grandes sumas por sentencias judiciales condenatorias, por decisiones erróneas sabiendo que lo eran; o injustas; o partidarias. Ejemplo de esto es la famosa trama Gurtel, que afecta de lleno al PP; lo que está cayendo en Cataluña, con el PSC y los nacionalistas y tantas y tantas que todos recordamos y que ponen a los pies de los caballos a los gobiernos a todos los niveles; locales, autonómicos y nacional. Una de las últimas es el “presunto” chivatazo del Ministerio del Interior a los recaudadores de dinero para la financiación de ETA en el Bar Faisán, que trae a mal traer a Rubalcaba, quién no se cansa de repetir que todos los afectados “están presos”. Lo que no quiere reconocer el ministro es que eso fue posterior a la negociación del Estado con ETA; cuando se rompió la misma, cada uno, el Gobierno y los terroristas, tiraron por caminos separados y con amenazas de hacerse mucho daño. De momento, gracias a la eficacia policial española son los “malos” los que van perdiendo y ojalá sea así hasta el desarme.
Volviendo a las “prevaricaciones varias”, el Gobierno de Canarias no es la excepción y acumula varias sentencias condenatorias por sus “presuntos desmanes”. El último es de esta semana. Verán: creo que fue en 2007 cuando el Gobierno canario sacó a consurso las emisoras de TDT. Una empresa de comunicación, Editorial Prensa Ibérica, con varios diarios y emisoras en España se presentó a las comunitarias y a las locales de Las Palmas y Tenerife. La mesa de contratación, por instrucciones de la Presidencia del Gobierno, estuvo asistida por asesores externos que desestimaron la concesión a la citada empresa y, a cambio, le fueron asignadas las menos interesantes, desde el punto de vista del negocio. Editorial prensa Ibérica y en su nombre, Editorial Prensa Canaria (empresa del grupo editor) recurrió la decisión del Gobierno canario y hace un par de días que la Sala de lo Contencioso emitió una nueva sentencia que deja en el aire la concesión de los dos canales de ámbito autonómico, que en su día fueron asignados a A3 y la Cope. El fallo es igual que otra sentencia que hace un año anuló la adjudicación de TDT en Tenerife que también habrá de ser valorada nuevamente. Entre otras calificaciones, la Sala dice: “la adjudicación está teñida de un matiz de subjetividad que la convierte en arbitraria…. amén de una desviación de poder;”La mesa de contratación no puede hacer dejación total de su función, remitiéndose sin más a los informes externos”; “No existe justificación alguna de la necesidad de acudir a asesoramiento externo y no consta que la mesa lo solicitara”; “Por muy profesional que sea el informe externo existe una tendencia a acomodarlo a los deseos de quien lo paga”.
Parece estar claro que la decisión del Gobierno de Canarias no se ajustó a los méritos, sino que se trató de una decisión política injusta a sabiendas de que lo era. Es bueno aclarar que la demandante (EPC) ejerció una durísima crítica contra Paulino Rivero y José Manuel Soria, defendiendo con la misma “pasión” al candidato socialista, Juan Fernando López Aguilar durante las pasadas elecciones autonómicas. Lo hizo en uso de su libertad de informar, siendo los tribunales de justicia quienes deben castigar, si deben, a los medios informativos que mientan o realicen informaciones torticeras para perjudicar a una persona o grupo.
Ahora el Gobierno de Canarias tendrá que indemnizar a la demandante o volver a valorar los méritos de cada opositor y reasignar las licencias; caso poco probable, ya que Antena3 y la Cope están emitiendo desde hace tiempo.
Ya son más de 1000 millones de euros lo que tenemos que pagar los ciudadanos canarios por errores de la administración, por dictados políticos contra quienes no son de su “cuerda”. ¿Tendrían que dimitir los culpables, e incluso ir a la cércel?.
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