Garzón en horas bajas
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Es mucho lo que se ha escrito y se escribe del juez más mediático, Baltasar Garzón Real, por su afán de protagonismo y su singularidad de actuación contra los políticos españoles, sean de una u otra tendencia.También de la época que se viva. No podemos olvidar que cuando Felipe González le niega el ministerio de justicia, a pesar de ir de número dos por Madrid, levanta el asunto Gal y empapela a medio PSOE, ensañándose especialmente con el ministro del Interior, Barrionuevo y el Director General de la Policía Rafael Vera.
Pasado el tiempo parece que se reconcilia con el PSOE y en momentos en que el Gobierno, especialmente el presidente Zapatero cae en horas bajas saca el caso Gurtel (muy bien hecho por cierto); antes, dentro de la Ley de la Memoria Histórica, se pone a instruir un expediente de genocidio contra el franquismo, mientras tapa y retrasa el asunto del bar Faisán, donde presuntamente fueron avisados unos etarras de que estaban a llegar policías españoles a detenerles. En el mientras tanto, se publican unas cartas que el juez Garzón dirige a Emilio Botín pidiéndole 300.000 euros para una beca en EEUU, firmando como Juez instructor de la Audiencia Nacional. Lo que acojona a cualquiera. El señor Botín, por lo visto, pagó la propina de 50 millones de las antiguas pesetas y allí estuvo durante unos meses, percibiendo además su salario como juez de la Audiencia Nacional.
Se las prometía felices pero el juez del Supremo, Luciano Varela, le está juzgando por prevaricación y algo más por el asunto del franquismo.Tema sobre el que Garzón no era competente y, además Franco está muerto y no podrá defenderse, mientras que otros republicanos vivos lo podrían hacer. A sabiendas de todo esto, Garzón sigue hacia adelante y es parado por el Supremo. También le demandan por los 300.000 euros de Santander, una vez que, presuntamente dejó sin juzgar un asunto que afectaba al banco que había sido tan generoso con él. Y hoy, al mediodía la sección segunda de la sala de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Bartasar Garzón que reactive la investigación del chivatazo a ETA y practique una serie de diligencias que pidieron las acusaciones particulares y a las que el magistrado se habia negado. Entre las pruebas que deberá realizar el magistrado están solicitar a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda, Joséba Elosúa, y que se tome declaración a tres policias que parriciparon en el operativo en el que se le detuvo.
Asimismo, la sala, en un auto que ha redactado el magistrado Enrique López, ordena que se le reclame a Francia el contenido de los pinchazos telefónicos que se le realizaron a José Luis Cau Aldanur, otro de los responsables del aparato de extorsión de la banda, para averigiuar con quién entabló contactos.
La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, “hechos que de ser realizados por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”.
Los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional – Ángel Hurtado, Julio de Diego y del ponente, el citado López.- tomaron esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado.
En concreto, Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas destaca la negativa del magistrado a asolicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la policía Nacional alegando que “los funcionarios asignados a esta investigación ya habían realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable”
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quienes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la policía Victor García Hidalgo, un responsable policial Vasco y un inspector de Vitoria.
En la sentencia de Luciano Varela, el palo más fuerte se lo da a la Fiscalía, por aseverar, el pasado día 5 de octubre, que habría que sobreseer el caso por irrelevante y por no poder determinar quienes fueron los autores del chivatazo.
La verdad es que estos asuntos están viciados de tal manera que podrá salir cualquier cosa de ellos. Pero lo que es seguro, es que Zapatero saldrá por la puerta de atras.
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