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Por Carlos Fernández Pato, 19 diciembre 2009 16:45 pm

Los sindicatos, en el nuevo diálogo social que se abrirá en breve con los empresarios, tienen claro qué cosas quieren modificar para aumentar la seguridad en el empleo de los trabajadores y garantizar, al menos sus derechos adquiridos. Uno de las exigencias de CCOO y UGT es acabar con los despidos improcedentes, o lo que es más cierto, que cuando se dé un despido improcedente sea el trabajador quién elija si se queda en la empresa o prefiere ser indemnizado. Hasta ahora es al revés; el que decide es el empleador y, en el 99% de los casos opta por el despido aunque indemnice.

Vistas así las cosas, es muy justo lo que proponen los sindicatos, pero siempre que la legislación laboral no fuera tan interpretativa y tan tuitiva. En el Derecho Civil, el Mercantil e incluso el Penal, la ley es clara, con detalles y matices y con la indicación exacta de la condena, de mínima a máxima. En el Derecho Laboral eso no es así y es mucho más interpretativa por parte de Su Señoría, que casi siempre está a favor del trabajador, salvo que se demuestre que ha robado o matado a alguien. Gran parte de las faltas graves que figuran en el Estatuto de los Trabajadores y en los propios Convenios Colectivos no conllevan la procedencia del despido, sino que el juez, para evitar daño al débil, sentencia un improcedente. La nulidad es otra cosa; para que se dicte un nulo radical ha de conculcarse alguno de los Derechos Fundamentales: “discriminación racial, embarazadas despedidas que esa causa, discriminación de cualquier otro tipo, así como a los representantes de los trabajadores a los que hay que abrirles un expediente llamado contradictorio que demuestre fehacientemente la gravedad de su falta.

Si en este momento, si no se modifica la legislación laboral, serían los empresarios quienes saldrían muy perjudicados de la elección del trabajador después de un despido improcedente. Eso sí que cortaría la sangría del desempleo en España, pero a costa de una parte. Sólo con una legislación laboral clara, concreta en la casuística y  las faltas podrían los empresarios aceptar la propuesto de los sindicatos. Si no es así, estaríamos como en Portugal, donde no existe el despido. Los ceses son con acuerdo entre las partes y muy onerosos para los empresarios.

Los precedentes en España son abundantes y en la mayor parte de las ocasiones no se aplican siquiera las sentencias sobre faltas determinadas en los Convenios y E.T cuando el afectado es el empleado. El empleador por eso tiene el derecho de decidir, pagando, quien se va y quien se queda, cuestión que ahora se quiere revertir. Desde mi experiencia en las dos partes, creo que ,os sindicatos deben luchar por conseguir que el trabajador decida, pero el empresario debe hacerlo también para modificar la legislación Laboral actual, haciendo que sea menos interpretativa.

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