Piquetes informativos o coactivos.

Escenas de este tipo ponen en entredicho la labor informativa de los piquetes
La huelga general de ayer no ha satisfecho a ninguna de las partes en litigio. Los sindicatos esperaban más participación y el gobierno de Rajoy menos. Se ha dado un dato significativo, que algunos ya preveíamos en fecha anteriores, concretamente el 24 de marzo en un artículo titulado “Todos a la huelga”, que no es otro que el número de manifestantes en las calles de todo el país ha sido muy superior a los que secundaron el paro. Seguramente hay varias razones y no una que justifican este fenómeno. No perder el día de salario es, sin duda, una de ellas. Pero en mi opinión la verdadera causa puede haber sido “el miedo” a perder el puesto de trabajo en aplicación de la reciente Reforma Laboral, que ayer fue cuestionada por Méndez y Toxo.
Ayer, más que nunca, el argumento de muchos ciudadanos era exigir el derecho al trabajo, de igual manera que el derecho a la huelga. Los ciudadanos están devuelta sobre la actividad real de los “piquetes informativos”, eufemismo que golpea la inteligencia de quienes lo escuchamos. Regular la Ley de huelga es una asignatura pendiente desde 1975 tras el fallecimiento del dictador, cosa que no se atrevieron a hacer los sucesivos presidentes del gobierno desde aquella hasta hoy. Convendría que el PP gobernante plantease un desarrollo más claro y moderno de los derechos y deberes de los ciudadanos ante la huelga. Esta, debería de regular la acción de los piquetes. En pleno siglo XXI y con todos los medios de información a disposición del público sería innecesario la existencia de los llamados “piquetes informativos”. Habría que cambiar su denominación y llamarles por su nombre, o sea, “piquetes coactivos” o ilegalizarlos. Y así, punto a punto, modificar la Ley y hacerla practicable con libertad para que todos actuemos como nos venga en gana. Sin miedo a los piquetes ni a los empresarios.
Lejos del interés que los sindicatos y el Gobierno tengan por las cifras de participación, deberíamos de preocuparnos seriamente de la posición actual de España. Son muchas las voces que manifiestan que debemos someternos a un “rescate” para solucionar de una vez por todas la mala situación de la banca. Es urgente que puedan empezar a dar créditos a las familias y empresas y salir de la recesión con el incremento del consumo, del empleo y, por tanto, de los impuestos para afrontar los gastos del Estado. Pero cualquier tipo de rescate a España en estos momentos podría significar el fracaso del Euro y la caída, como un castillo de naipes, del resto de países de Europa. También de los del Norte. No solo los pigs.
Esta situación no es deseable por la señora Merkel. El default ,o suspensión de pagos, se produciría en cascada y no se salvaría ni Alemania ni Francia, y produciría unas consecuencias no calculadas hasta la fecha. El crack de 1929 sería una anécdota comparado con este supuesto. Por eso el BCE está comprando deuda española en enormes cantidades para que la prima de riesgo no llegue a los 400 puntos básicos. Hoy hemos llegado a los 362.
No sé si con lo dicho es sensato impedir al Gobierno hacer los recortes y cambios para evitar la quiebra definitiva de este país, que lleva muchos años viviendo por encima de sus posibilidades.

Los sindicatos CCOO y UGT acordaron hoy plantear una huelga general para el 29 de este mes de marzo en respuesta a la reciente reforma laboral y a los recortes.
Desde que se decretó la ley antitabaco en España (2 de enero actual) se están dando mil paradojas, pero especialmente la guerra entre los fumadores activos y pasivos y en Gobierno. Son muchas las tertulias que nos someten al aburrimiento más absoluto con opiniones sincréticas, sin que casi nadie entre en el quid de la cuestión. Impuestos o salud. Ambas cosas bajo una escrupulosa democracia que permita a cada uno hacer lo que le venga en gana sin perjudicar a los demás. Por eso, no dejan de tener razón quienes opinan que debería de haber establecimientos para fumadores exclusivamente y otros para los no fumadores, también exclusivos. El Gobierno recauda más de 6.000 millones de euros anuales a través de impuestos sobre el tabaco y no quiere perder la oportunidad de “tirar de esa teta”, pero, por otra parte quiere una población sanísima y pone puertas al campo para que sea casi imposible fumar en España. Lo tendremos que hacer en la calle, lejos de parques infantiles, proximidades de hospitales, colegios, etc. ¿No sería más fácil imponer una especie de ley seca antitabaco?. Los fumadores serían como apestados y tendrían que esconderse de la autoridad para perpetrar el acto infame de fumar. Que estará pasando en Soria, a temperaturas bajísimas, con los fumadores en la calle muriéndose de frío y cogiendo pulmonías. ¿No ocurrirá que el Estado pague en penicilina y otros antibióticos más de lo que recauda a través del impuesto sobre el tabaco?.
Da la impresión que el día 29 de septiembre será un mal día para los sindicatos. Todas las encuestas y sondeos indican que solo un 9% de los ciudadanos podrían participar en la anunciada huelga general. Teóricamente esto sería bueno para la izquierda que nos gobierna, ya que la huelga reivindica una reforma laboral justa para los trabajadores y no la que ha sacado el Gobierno. Al parecer en esta ocasión no es así y los escribidores más sectarios de la izquierda pretenden animar el jolgorio para que se sume más personal, por entender que una situación de fracaso significaría un éxito extraordinario de la derecha.
Desde hace muchos años, distintos grupos políticos distintos del PP y PSOE han querido saber en que gasta la Casa Real la asignación que le damos cada año los españoles. Nunca, hasta la fecha, hemos sido capaces de saberlo. Los partidos mayoritarios jamás han apoyado ninguna iniciativa encaminada a saber en que gasta nuestro dinero el Rey de España.
El último apunte del año lo titulé “Aún nos queda la vida”, queriendo referirme a la crisis creciente que padecemos desde 2008. Ayer comenzó el 2010, y lo recibimos con subidas de impuestos y consumibles por triple vía. La del Estado; la Comunidad Autónoma y los locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc.).